COGAMI, una de las entidades de lucha contra la pobreza que reclaman la `Renta Mínima Sí´

COGAMI, una de las entidades de lucha contra la pobreza que reclaman la `Renta Mínima Sí´

Centenares de organizaciones de lucha contra la pobreza y la exclusión de toda España, entre las que se encuentra COGAMI integrada en la red autonómica gallega de EAPN (Red Gallega Contra la Pobreza), junto a otras organizaciones y plataformas aliadas, lanzan la campaña 'Renta Mínima Sí': Ponen tus perjuicios en cuarentena’ para eliminar los perjuicios asociados a la implantación de una renta mínima en general, como las que ya existen en la mayoría de Comunidades Autónomas.

Las organizaciones que participan en la campaña defienden que disponer de una renta mínima digna debe ser un derecho subjetivo de las personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.

La renta mínima estatal debe ser un instrumento ágil, accesible y compatible con los sistemas autonómicos ya existentes, que permita eliminar la pobreza severa, reducir la pobreza relativa y, junto con otros instrumentos, eliminar la pobreza infantil, asegurar una vivienda digna e incrementar la inclusión social. Todo esto, sin suponer una mayor carga burocrática y paliando la heterogeneidad actual que ocasiona grandes desigualdades entre personas de diferentes Comunidades Autónomas.

La campaña, coordinada desde EAPN Galicia, pretende romper con el interesado discurso aporofóbico e imágenes estereotipadas sobre la realidad de las personas perceptoras de rentas mínimas.

La renta mínima estatal permitirá no solo luchar contra la pobreza severa sino que supone también una medida imprescindible para el desarrollo económico y la salida de la crisis provocada por el   COVID19 ya que los fondos permitirán a las personas comprar alimentos o pagar suministros y otros servicios básicos reactivando la economía local y de barrio, beneficiando a toda la comunidad y acercando mayor dignidad para quien se encuentra en situación de vulnerabilidad.

Antes de esta crisis, en España, había 600.000 hogares sin ingresos de ningún tipo y 2,5 millones de personas vivían en situación de pobreza severa (con menos de 370 € al mes). La exclusión social y la desigualdad son problemas profundos y multidimensionales,  que requieren de una acción política decidida para ser erradicadas. En este contexto, una renta mínima estatal no es solo un instrumento de justicia social, sino de inteligencia económica, que beneficia al conjunto de la población y asegura la creación de empleo no precario.