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- 02 de diciembre de 2021
“No más vulneraciones de nuestros derechos”, reivindicación del presidente de COGAMI para el Día Internacional de las Personas con Discapacidad
En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la junta directiva de COGAMI, profesionales, personas usuarias, familias, voluntariado y demás representantes del sector social, se unen para reivindicar derechos que, a día de hoy, no se han conseguido para estar en igualdad de condiciones con el resto de la sociedad.
Desde el sector social reconocemos como un hito la reforma y actualización del artículo 49 de la Constitución Española, llevada a cabo en mayo de este año, en el que se refiere a la protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad. Tras cuarenta años de la primera redacción, se modificó el texto inicial, actualizando el lenguaje, la estructura y el contenido, logrando un compromiso con los derechos, la inclusión y el bienestar de las personas con discapacidad. Esta reforma en la Constitución supone un avance y ahora, quedan otros pasos que dar.
En palabras de Anxo Queiruga, presidente de COGAMI, “las personas con discapacidad encontramos dificultades en el desarrollo de nuestros proyectos de vida, carecemos de igualdad de oportunidades, vivimos con discriminación causada por perjuicios sociales y falta de información”. Queiruga añade también que “durante este 3 de diciembre, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, pedimos no más vulneraciones de nuestros derechos”.
Desde COGAMI, se piden mejoras en campos tan importantes como lo son el empleo, la mujer, la infancia y juventud, la educación, la accesibilidad a discapacidad orgánica, como se explica a continuación:
Empleo:
El acceso al mercado laboral es complejo para las personas con discapacidad, llegando a superar en 10 puntos las tasas de paro. Los perjuicios sociales en el ámbito empresarial y la falta de información conducen a las personas con discapacidad a una discriminación en el acceso al empleo que se evidencia en los principales indicadores laborales. La situación actual de alarma sanitaria y económica del COVID-19 incrementó la pérdida de empleo, obstaculizando la reinserción laboral.
Desde COGAMI se ve necesario que la Administración incentive la incorporación de las personas con discapacidad al mercado laboral con apoyos y ayudas necesarias, apostando por la reserva de contratos destinados por ley a las personas con discapacidad, incentivando la adaptación de los puestos de trabajo y la eliminación de barreras, haciendo cumplir la reserva de empleo a las empresas con 50 o más personas contratadas y, en el caso contrario, ser sancionadas.
En el ámbito del empleo público, se debe garantizar la presencia de personas con
discapacidad sin limitar categorías, puestos o cuerpo profesional concreto para un tipo de discapacidad,
flexibilizar los apoyos a las personas con discapacidad y trabajar en la línea de actualización
de los procesos selectivos recogido en el Libro blanco de la función pública.
Mujer:
Es necesario potenciar la participación de las niñas y mujeres con discapacidad en el entorno. En Galicia hay 122.816 mujeres con discapacidad, que supone el 51,46% de la población con certificado de discapacidad y, al mismo tiempo, las más sujetas la una discriminación interseccional. La mujer es dueña de sí misma y decide cuál quiere que sea su proyecto de vida. Puede dejarse orientar por profesionales sanitarios, familia o especialistas, pero debe ser ella la que canalice su camino a seguir, por lo tanto, tiene que estar informada sobre los recursos para poder definir y poner en marcha su proyecto vital.
En cuanto a la violencia contra la mujer, la que tiene discapacidad es más vulnerable ante este abuso, sin embargo cuando se hace la denuncia, los cuerpos de seguridad del Estado no tienen ningún indicador que recoja si la mujer tiene o no discapacidad. No existen datos reales de violencia contra mujeres con discapacidad.
Infancia y juventud. Educación y acceso a recursos y servicios.
Son las etapas más discriminadas dentro del grupo social de las personas con discapacidad, contemplando desde escasez de apoyos para su autonomía personal como para la escolarización.
En Galicia, viven 7.581 menores con discapacidad con edades entre los 0 y 15 años, según datos de la Xunta de Galicia. Con la pandemia actual, el cierre de centros, las medidas de aislamiento decretadas y la desaparición de redes de apoyo incrementaron la situación de vulnerabilidad de las/los menores y familias, comprometiendo su salud física y emocional.
Es necesario que las familias tengan acceso a la información, sensibilización y, sobre todo, a servicios especializados desde la edad temprana para garantizar el desarrollo integral en la infancia. La falta de recursos desde el nacimiento condiciona el bienestar y el ejercicio de los derechos. Esta desigualdad que se origina en la infancia, se perpetúa en la edad adulta, por lo que tiene que haber una política educativa inclusiva real, con apoyo de docentes, recursos materiales y económicos necesarios, favoreciendo la continuidad en el sistema educativo y el acceso a niveles superiores. La formación es clave en la inclusión laboral de las personas con discapacidad.
Accesibilidad:
Tener una discapacidad no puede ser un impedimento para poder tener un proyecto de vida. Vivir con derechos limitados como la libertad de comunicación, circulación, socialización, acceso a vivienda, al transporte público, a la educación, a la enseñanza, a espacios lúdicos o culturales,... es una discriminación.
Un entorno no accesible es un problema social y no de la persona con discapacidad. La ley de accesibilidad universal hay que cumplirla y para eso tiene que involucrara toda la sociedad, desde las Administraciones Públicas hasta las grandes empresas, pymes y organismos privados. A día de hoy, en territorio español hay 100.000 personas que no pueden salir de su casa y el 74% de las 2,5 millones de personas que tienen movilidad reducida, precisan de ayuda para poder salir. Por lo tanto, las comunidades de propietarios tienen que cumplir con los requisitos de accesibilidad universal incluidos en la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad.
Discapacidad orgánica.
El sistema de salud público tiene que ser accesible a todas las personas y, ante los efectos peligrosos de la pandemia actual, urge proteger tanto a las personas con discapacidad
física y orgánica cómo a su entorno familiar, asistencial y sociosanitaria, por el alta
vulnerabilidad y circunstancias de riesgo.
El actual baremo de valoración del grado de discapacidad, puerta de acceso a un sistema de derechos establecidos, lleva más de 20 años sin renovarse. El baremo actual quedó obsoleto, con unos criterios de valoración desfasados y con la existencia de condiciones y situaciones que no están siendo reconocidas y que afectan, en su mayoría, a la discapacidad orgánica.
Es necesaria la actualización del catálogo ortoprotésico del Sistema Nacional de Salud,
que recoja los productos que mejor se ajusten a las necesidades de las personas, apostando
por las nuevas tecnologías y por materiales más eficientes.