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- 03 de mayo de 2025
3 de mayo: la salud, un derecho aún pendiente para las personas con discapacidad física y orgánica
En este 3 de mayo, Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, COGAMI se suma a la campaña #SumandoCuidados lanzada por la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), con el objetivo de visibilizar los principales problemas y retos en el acceso a la salud y tratamientos de las personas con discapacidad física y orgánica.
En el marco de esta campaña se presentan dos estudios “Informe sombra en el marco de la revisión periódica de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad: La brecha de derechos en salud de las personas con discapacidad física y orgánica” y “Estudio sobre los factores condicionantes del acceso a tratamientos y terapias adecuadas en las personas con discapacidad física y orgánica en España”, que recogen un diagnóstico profundo de las carencias del sistema sanitario desde una perspectiva de derechos.
Según estos estudios, las personas con discapacidad física y orgánica enfrentan barreras estructurales y sistemáticas que vulneran su derecho a la salud, reconocido por la Convención de Naciones Unidas. Se encuentran con dificultades de acceso por falta de accesibilidad física y digital, desigualdades territoriales, copagos elevados, carencias en salud mental, ausencia de continuidad asistencial y una visión excesivamente biomédica que no atiende al bienestar integral de las personas.
El 89,4% de las personas con discapacidad física y orgánica no accede a rehabilitación a través de la sanidad pública y el 84,7% no recibe rehabilitación por ninguna vía, mientras que el 88,5% no accede a apoyo psicoterapéutico. Más del 10% se ha sentido discriminado en los servicios sanitarios. Además, los elevados copagos y la falta de financiación de medicamentos esenciales generan un sobrecoste que limita el acceso a tratamientos, especialmente en enfermedades raras o crónicas.
A estas barreras se suma la falta de formación del personal sanitario en trato inclusivo y de recursos para ofrecer una atención adecuada, la exclusión en programas de salud pública y la ausencia de una regulación estatal que garantice la rehabilitación como un derecho universal. El impacto de los determinantes sociales, como la precariedad económica o la exclusión social, también incide directamente en la salud física, mental y emocional de las personas con discapacidad.
Desde nuestro movimiento asociativo, entre las principales propuestas recogidas destacamos: eliminar las barreras arquitectónicas y digitales en centros sanitarios, garantizar la equidad territorial en el acceso a tratamientos, rehabilitación y dispositivos de apoyo, reforzar la atención en salud mental, asegurar la asequibilidad de los medicamentos, y proporcionar al personal sanitario todas las herramientas necesarias para ofrecer un trato inclusivo.