- Noticias COGAMI Social
- 25 de noviembre de 2025
Manifiesto 25 N
La violencia de género digital es una de las caras más desconocidas de la violencia machista. Vulnera de manera directa nuestros derechos, nuestra libertad y nuestra seguridad dentro de la vida pública y la digital. COGAMI se une a ACADAR y CEMUDIS, para poner el foco en la escalada de esta violencia que traslada las agresiones verbales y psicológicas del mundo físico al entorno virtual, donde se amplifican y se amparan bajo el paraguas del anonimato.
El impacto de esta forma de violencia digital no se limita a la inmediatez de la agresión; su difusión, permanencia y alcance multiplican sus consecuencias, generando un daño mayor, aislamiento y exposición hacia las mujeres y niñas con discapacidad.
Según el Informe de la Asociación Stop Violencia de Género Digital, solo en el primer trimestre de 2025 se atendió a 496 personas, de las cuales un 70–75% fueron mujeres, lo que significa que somos el grupo poblacional más expuesto a esta nueva cara de la violencia de género.
Las formas que adopta esta violencia son múltiples: ciberacoso, sextorsión, doxing, grooming, suplantación de identidad, difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, y el preocupante auge del uso de deepfakes sexuales, donde el 90% de los casos detectados son pornográficos y mayoritariamente dirigidos contra mujeres.
La geolocalización, integrada en aplicaciones cotidianas como WhatsApp, mapas o servicios de “encontrar mi dispositivo”, se convierte en una amenaza invisible cuando se usa sin consentimiento o bajo presión, permitiendo el control silencioso de desplazamientos y rutinas. La línea entre seguridad y control se difumina cuando esta práctica se ejerce mediante manipulación.
En el caso de las mujeres y niñas con discapacidad, se añaden riesgos específicos derivados de la exposición digital y de las barreras estructurales y sociales que agravan esta violencia. Así lo recoge la Guía de violencia sexual digital hacia niñas y mujeres con discapacidad, publicada por ACADAR, que visibiliza cómo estas violencias no solo afectan a nuestra seguridad, sino también a nuestras oportunidades de participación social, acceso a derechos y representación en los espacios públicos y digitales.
Para las mujeres y niñas con discapacidad, sumar esta violencia digital a la discriminación interseccional y al sesgo tecnológico incrementa aún más la situación de vulnerabilidad. La Fundación CERMI Mujeres destaca que el diseño de tecnologías con sesgos machistas y capacitistas intensifica nuestra exclusión, y la presencia de únicamente un 12% de mujeres en el desarrollo de la IA agrava esta realidad.
El estudio ODISMET revela que las mujeres con discapacidad sufren acoso sexual digital, amenazas y control en proporciones superiores a la media, afectando directamente a nuestra autoestima y a nuestra libertad de expresión. La violencia de género digital no es una experiencia aislada, tiene consecuencias devastadoras en la salud mental, la seguridad y la participación pública.
Por todo ello, la protección efectiva frente a la violencia —digital o física— debe ser una prioridad real. Los recientes fallos detectados en el sistema de pulseras telemáticas de control de agresores, como errores en la geolocalización, pérdida de datos o alarmas defectuosas, ponen en evidencia la fragilidad de los mecanismos actuales y la desprotección en la que quedan muchas mujeres, especialmente aquellas con discapacidad. Esta realidad demuestra que no basta con legislar o crear herramientas: es imprescindible que los poderes públicos asuman su responsabilidad, asegurando que los sistemas de protección sean accesibles, fiables y estén correctamente implementados. La negligencia institucional no puede formar parte del proceso de recuperación de quienes ya han vivido violencia.
La violencia digital está también vinculada a la circulación de material audiovisual y contenido sexual falso que busca difamar, desacreditar y silenciar a mujeres activistas, profesionales y líderes. Estas prácticas no solo aumentan la vulnerabilidad de las mujeres con discapacidad en los espacios públicos, sino que constituyen un mecanismo de control y exclusión. Su impacto es demoledor: destruye la reputación, erosiona la credibilidad, empuja al aislamiento social y deja graves secuelas psicológicas, perpetuando así un entorno hostil que nos niega el derecho a participar en igualdad en la vida pública y digital.
La IA (Inteligencia Artificial), a pesar de ofrecer oportunidades para la inclusión, bajo un diseño sin una regulación firme continúa representando y reproduciendo prejuicios del mundo patriarcal y capacitista, reforzando así la exclusión y la discriminación hacia las mujeres y niñas con discapacidad. Por ello, es urgente que las políticas públicas vigilen el desarrollo tecnológico para garantizar que se atiendan las diversidades de todos los grupos poblacionales.
Desde ACADAR instamos a que se desarrollen marcos legislativos claros que regulen la IA, pues su falta de control abre la puerta a nuevas formas de violencia y discriminación contra las mujeres y niñas con discapacidad. Regular la IA no es solo una cuestión técnica: es una cuestión de justicia social, de equidad y de derechos humanos.
Reclamamos datos inclusivos, comunicaciones accesibles, formación digital y espacios de gobernanza compartida. Solo con una estrategia feminista y con perspectiva de discapacidad podremos garantizar una vida digital libre de violencias y desigualdades.
Por todo ello, ACADAR, CEMUDIS y el resto de entidades confederadas como COGAMI, reivindicamos:
- Promover el reconocimiento jurídico integral de la violencia de género digital, desde una perspectiva interseccional, y dotarlo de suficientes recursos para su prevención, atención y sanción adecuada.
- Incorporar de manera transversal la discapacidad en las políticas públicas de igualdad y en el desarrollo tecnológico, para garantizar que no se nos continúe dejando al margen en la transformación digital.
- Garantizar el acceso universal a una educación digital feminista e inclusiva, concebida como una herramienta fundamental para la prevención de violencias, el empoderamiento personal y colectivo, y el ejercicio de una ciudadanía plena.
- Crear mecanismos rápidos, eficaces y accesibles para denunciar y eliminar contenidos sexuales y/o violentos difundidos sin consentimiento, que hoy en día siguen dañando gravemente a miles de mujeres.
- Certificar y garantizar espacios digitales seguros, donde mujeres y niñas con discapacidad podamos participar, expresarnos y construir comunidad sin miedo a la violencia ni a la exclusión social.
- Garantizar la eliminación del contenido digital accesible en internet que haya sido empleado como medio para ejercer violencia digital mediante herramientas y canales de denuncia accesibles, permitiendo la reconstrucción de la identidad digital.
- Incluir formación sobre conductas adictivas asociadas al desarrollo de nuevas tecnologías y la violencia de género digital en los programas educativos formales y no formales dirigidos al profesorado, alumnado y familias.
- Asegurar la conexión y el acceso tecnológico en condiciones de igualdad, con especial atención a las mujeres y niñas con discapacidad que viven en zonas rurales, quienes enfrentan una doble brecha: la territorial y la digital.
- Revisar y mejorar los sistemas de protección frente a la violencia de género, para garantizar que sean accesibles, funcionales y adaptados a las necesidades de todas las mujeres, con especial énfasis en las mujeres con discapacidad. Nuestra seguridad no puede depender de fallos o incidencias. La protección es un derecho, no una opción.
- Establecer protocolos de protección relativos al uso abusivo de la geolocalización, incluyendo detenciones y rastreos no consentidos, garantizando accesibilidad para mujeres y niñas con discapacidad.
- Implementar campañas y formación en autonomía tecnológica para identificar señales de control digital vinculadas a la geolocalización, con materiales accesibles y enfoque interseccional.
- Reforzar el papel de las entidades sociales en materia de sensibilización, prevención y apoyo directo a mujeres y niñas con discapacidad víctimas de violencia digital, así como a su entorno y agentes sociales, dotándolas de recursos suficientes y estables para esta labor social.
La violencia digital es violencia de género y supone una amenaza directa para el ejercicio de nuestros Derechos Humanos. Por ello, desde ACADAR exigen compromiso, políticas firmes, controles tecnológicos y un pacto social que defienda a todas las mujeres y niñas con discapacidad, para construir una sociedad digital segura, accesible y libre de sesgos patriarcales.
Porque lo virtual también es real. Y prevenir la violencia digital es responsabilidad de todas las personas.
