#8M #TODOSOSDEREITOS #TODASASMULLERES
COGAMI se adhiere al Manifiesto de ACADAR y CEMUDIS.
"La lucha por los derechos de las mujeres no es solo una cuestión de igualdad, sino una cuestión de justicia y libertad", afirmó Clara Zetkin, activista y teórica del feminismo. Y, como cada 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, alzamos la voz para reivindicar nuestros derechos: exigiendo que se protejan frente a todo tipo de discriminación; pidiendo que la igualdad se fomente para transformar la sociedad; impulsando el empoderamiento para garantizar nuestra participación plena.
Este 2025 se cumplen 30 años de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, un año clave para recordar la importancia de un acuerdo que marcó un punto de inflexión en la historia de la lucha por los derechos de las mujeres y niñas a nivel mundial. Los acuerdos alcanzados sentaron las bases para que las políticas públicas fijaran objetivos en áreas clave de nuestras vidas, como la salud, la educación, la participación política o la eliminación de la violencia hacia las mujeres y niñas. Los Estados se comprometieron a legislar e invertir en favor de una igualdad real que, 30 años después, seguimos sin alcanzar.
La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, adoptada por 189 Estados, sigue constituyendo el documento más progresista y protector de los derechos de las mujeres y de la igualdad de género, poniendo por primera vez sobre la mesa la realidad y la necesidad de atender los derechos de las niñas y mujeres con discapacidad para promover nuestra participación en igualdad de condiciones.
Este documento defiende que nuestros derechos no son ajenos ni deben tratarse por separado del resto de las mujeres. Supone un hito importante para el feminismo, confirmando que todas las mujeres debemos estar unidas en nuestras reivindicaciones para eliminar la sociedad patriarcal y avanzar hacia un modelo más justo en el que todas las personas tengamos los mismos derechos y oportunidades.
En este sentido, la agenda política global ha seguido esta hoja de ruta, aunque los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas siguen presentando grandes retos y desafíos para la comunidad internacional. La consecución de los ODS solo será posible si las mujeres y niñas pasamos a ser protagonistas de la historia, lo que requiere poner especial atención en la defensa y protección de los derechos fundamentales de las mujeres y niñas con discapacidad. Nosotras somos quienes vivimos una discriminación interseccional que incide de manera directa en nuestra situación de vulnerabilidad, limitando nuestros derechos y perpetuando un sistema patriarcal.
En el caso de España, el movimiento asociativo de las mujeres con discapacidad celebramos el avance legislativo que supuso la reforma del artículo 49 de la Constitución el pasado año, un reconocimiento a nuestras reivindicaciones y un gran paso en la salvaguarda de nuestros derechos. El cambio de paradigma respecto al uso de la expresión "personas con discapacidad" antepuso, por primera vez, el reconocimiento como titulares de derechos. A las mujeres con discapacidad no nos define el hecho de tener una discapacidad, es una condición más que, hasta ahora, era considerada de forma peyorativa. Transformar el lenguaje supone evolucionar, ampliar la mirada, cambiar el imaginario colectivo y, por tanto, nuestra realidad.
Junto a esto, y en relación con la necesidad de proteger los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad, queremos poner el foco en la normalización que sigue existiendo respecto a la vulneración de los derechos de niñas y mujeres en el acceso a la justicia. El análisis de su estado refleja cómo, desde la judicatura, se perpetúan prejuicios que ignoran los derechos fundamentales de las mujeres.
Por último, este 8M, y en el contexto del impulso al empoderamiento de las mujeres y niñas con discapacidad, consideramos necesario abordar el sesgo existente en el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA). El impacto de la IA en nuestras vidas es evidente, y nos preocupa la falta de regulación al respecto. Si bien su potencial es indiscutible, también lo es la necesidad de establecer límites éticos. El sesgo que denunciamos se debe, entre otros factores, a la falta de representación de las mujeres en el sector de la computación y la codificación, donde las mujeres representan solo el 12% del personal investigador en IA y apenas el 6% de quienes se dedican a la programación, lo que significa que el 88% de los algoritmos son creados por hombres. Esto se traduce en que las aplicaciones de IA reproducen los estereotipos de género que impregnan la sociedad. El sexismo, así, se traslada a las nuevas tecnologías, reforzando la discriminación interseccional que vivimos las mujeres y niñas con discapacidad. Según datos del estudio Autopercepción de la imagen de las mujeres en los nuevos espacios digitales, las mujeres con discapacidad estamos "profundamente invisibilizadas".
Además, hay que considerar el impacto de la desinformación y los deepfakes ligados al crecimiento de la IA, lo que conlleva una normalización de la violencia, afianzando un relato en el que los nuevos sistemas de representación transmiten una visión distorsionada de la realidad, llegando incluso a posturas negacionistas respecto a la ciberviolencia.
Por todo esto, reivindicamos:
La implementación de medidas reales y la dotación del presupuesto necesario para garantizar leyes que pongan el foco en nuestra realidad y en la atención a las necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad.
Impulsar cambios normativos que mejoren las leyes y doten de instrumentos para proteger los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad.
Revisar, asegurar y actualizar las formaciones especializadas en igualdad dirigidas a jueces y juezas, así como a los cuerpos de seguridad que intervienen en procesos relacionados con mujeres y niñas que han vivido situaciones de violencia, con énfasis en las mujeres con discapacidad, dada la discriminación interseccional que enfrentamos.
Garantizar la accesibilidad universal a la justicia y a los servicios de atención, tanto en términos de barreras arquitectónicas como sociales.
Desarrollar sistemas de control para proteger a las niñas y mujeres con discapacidad de las nuevas formas de violencia, especialmente la violencia digital.
Asegurar los apoyos y ajustes necesarios para que las niñas y mujeres con discapacidad accedan a la formación adecuada a sus capacidades con el fin de promover su futura inclusión en el mercado laboral.
Incluir formación en nuevas tecnologías de la información y la comunicación en los programas académicos reglados y no reglados dirigidos a mujeres y niñas con discapacidad.
Garantizar un sistema de promoción de la autonomía centrado en la persona y sus deseos, independientemente de su lugar de residencia.
Dotar del presupuesto necesario para desplegar un sistema que impulse la autonomía personal e independencia de las mujeres con discapacidad.
Incluir la variable de género y discapacidad en todos los estudios, investigaciones, medidas y políticas públicas que se pongan en marcha.
Desarrollar campañas de sensibilización que promuevan una imagen real y normalizada de las niñas y mujeres con discapacidad, asegurando nuestra representación en todos los ámbitos y esferas sociales.
Crear espacios digitales seguros con órganos y medidas de regulación sobre los contenidos digitales.
Incluir formación sobre violencia de género digital para concienciar sobre cómo identificarla, prevenirla y denunciarla.
Desarrollar protocolos de actuación frente a la violencia de género digital, estableciendo procesos de evaluación y canales de denuncia.
Fomentar la sensibilización, la coeducación y la formación en igualdad desde un enfoque interseccional como base de una sociedad más igualitaria y justa.
Potenciar el papel de las entidades que trabajan directamente con mujeres como herramienta para promover su empoderamiento.
#8M