A finales de julio se publicó la Sentencia 688/2025 del Tribunal Supremo, que establece doctrina respecto a la interpretación de la norma que regula la emisión y uso de las tarjetas de estacionamiento reservado para personas con movilidad reducida, el Real Decreto 1056/2014. En concreto, la sentencia afecta al derecho recogido en el artículo 7.1.a) del decreto, que permite solicitar a la administración una plaza de estacionamiento próxima al domicilio o al puesto de trabajo.
El Tribunal Supremo determina que los ayuntamientos no pueden exigir el empadronamiento como requisito para conceder una plaza de estacionamiento reservada para personas con movilidad reducida, siempre que se acredite que el puesto de trabajo se encuentra en el municipio en el que se solicita la plaza, aunque la persona resida en otro término municipal.
Este fallo del Tribunal Supremo, de obligado cumplimiento, implica que las ordenanzas municipales no pueden restringir el ejercicio de este derecho por razón de residencia, garantizando la igualdad de acceso a las plazas reservadas a personas con movilidad reducida.
No es la primera vez que el alto tribunal se pronuncia sobre esta materia. En 2023, la Sentencia 3454/2023 ya determinó que la administración no puede elegir libremente la localización de las plazas reservadas, sino que estas deben situarse lo más cerca posible del domicilio o del puesto de trabajo, salvo que existan razones de interés general debidamente justificadas.
La Ley gallega 10/2014 de accesibilidad recoge también esta obligación, indicando que los ayuntamientos deben reservar plazas debidamente señalizadas próximas a los accesos peatonales y garantizar un número mínimo de ellas, independientemente de las políticas restrictivas de estacionamiento. Además, la normativa estatal y autonómica establecen requisitos de diseño, señalización y accesibilidad que deben cumplir estas plazas, tanto en espacios públicos urbanizados como en edificaciones de uso público o viviendas adaptadas.
Esta sentencia supone un avance relevante en la garantía de los derechos de las personas con movilidad reducida, al clarificar que el derecho a la plaza reservada debe basarse en la necesidad y en la proximidad, no en el empadronamiento. Esta interpretación obliga a los ayuntamientos a revisar sus ordenanzas y procedimientos para garantizar la igualdad de acceso y el respeto a la normativa vigente en materia de accesibilidad e inclusión.