Entra en vigor la equiparación entre incapacidad de la Seguridad Social con el grado de discapacidad en la contratación laboral

Entra en vigor la equiparación entre incapacidad de la Seguridad Social con el grado de discapacidad en la contratación laboral

Tras la remisión de propuestas e incidencias políticas y legislativas del movimiento asociativo de la discapacidad, encabezado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) se recupera una asimilación legal aprobada en el año  2013 y que fue revocada por el Tribunal Supremo a finales del año 2018 en base a razones de carácter técnico, desapareciendo desde entonces de nuestro ordenamiento jurídico. 

Con la aprobación de esta norma se restablece la equiparación entre la incapacidad laboral reconocida por la Seguridad Social con la discapacidad del 33% si bien, la diferencia de la regulación anterior que establecía esa equiparación a todos los efectos, con la noticia normativa la equiparación será solo a efectos laborales.

Para COGAMI esta información se acoge con satisfacción. Según explica el secretario general, Víctor Silva, “esta equiparación favorecerá el acceso y permanencia en el empleo de las personas trabajadoras que adquieren una incapacidad estando activas laboralmente, evitado la expulsión del mercado de trabajo o permitiendo, en su caso, su reincorporación, coincidiendo así con la filosofía de COGAMI”. 

Según datos extraídos del servicio de Empleo de COGAMI, el 20% de las personas apuntadas como demandantes de empleo tienen algún tipo de incapacidad laboral para profesión habitual. En las oficinas de Lugo y Ourense llega a alcanzar el 32% el número de personas con incapacidad permanente de la Seguridad Social.

Con la aprobación de esta equiparación, las personas con incapacidad permanente tendrán la oportunidad de acceder tanto a centros especiales de empleo como a la empresa ordinaria, y etas podrán tener acceso a las subvenciones a la contratación. En el caso de la empresa ordinaria que supere las 50 personas trabajadoras, podrán cubrir la cuota que las obliga a que el 2% de personas contratadas tengan discapacidad.