MANIFIESTO:
En las sociedades democráticas, la Constitución es la máxima y superior expresión del ordenamiento jurídico; la que establece los derechos y deber de la ciudadanía; la que ordena la convivencia social conforme a los principios y valores de la libertad, la igualdad y el pluralismo; la que define y asegura las formas democráticas de gobierno y la que regula el funcionamiento de los poderes públicos, que deben estar al servicio de la comunidad, promoviendo el bien común.
Las personas con discapacidad, como parte valiosa de la familia humana y de las comunidades sociales y políticas en las que esta se organiza, deben tener reflejo en las Constituciones desde un enfoque exigente de derechos humanos, que garantice su inclusión, participación y bienestar, sin discriminaciones ni relegaciones de ningún tipo.
La Constitución Española de 1978, vigente en la actualidad, incorporó expresamente a las personas con discapacidad a su texto, dedicándoles el artículo 49, lo que representó un gran avance por cuanto este grupo social, tantas veces omitido y desconsiderado a lo largo de la historia, disfrutaba de visibilidad, siendo relevante a los efectos de la promoción y la protección constitucionales de sus derechos.
A pesar de ese logro -pocas Constituciones en el mundo en ese momento tenían presente las personas con discapacidad-, tras más de cuarenta años desde la aprobación de la Constitución Española, su artículo 49 precisa una renovación, porque ni la terminología empleada ni el contenido están alienados con la visión plena de derechos humanos, que es el único abordaje admisible en la relación con la discapacidad. La Constitución de 1978 se mejora a sí misma, ahonda y extiende sus principios, valores y mandatos se actualiza su mirada sobre las personas con discapacidad.
Consciente de esta necesidad de cambio, el movimiento social de la discapacidad lleva años proponiendo la reforma del artículo 49 de la Constitución Española, pasando a ser la primera de contenido nítidamente social del Texto Legal máximo en las más de cuatro décadas de vigencia. Y esto, siempre con el mayor de los consensos políticos y sociales, pues los derechos de las personas con discapacidad son un elemento del acervo compartido de las sociedades democráticas avanzadas, que sirven para superar las disputas y las fracturas tan extendidas hoy en la vida política.
Tras años de esfuerzo del sector social de la discapacidad, auténtico promotor de este proceso de modificación constitucional, en primavera de este año 2021 llegaba por fin las Cortes Generales, remitido por el Gobierno de España, un proyecto de reforma del artículo 49 de la Constitución Española, que espera ser debatido y tramitado, se reúne las mayorías reforzadas precisas cuando se trata de cambios en el texto constitucional, para resultar aprobado y entrar finalmente en vigor.
La reforma propuesta, producto de debates parlamentarios, sociales y académicos previos, que alcanzaron un elevado grado de coincidencia, destierra expresiones hirientes e insostenibles por ms tiempo para referirse a las personas con discapacidad (“disminuidos”) y dota de un nuevo contenido el artículo con arreglo a los conceptos, valores y propósitos que hoy configuran un entendimiento y práctica apropiados de los derechos y deber de las personas con discapacidad, incluidas las mujeres y niñas, a quienes nombran expresamente.
El clamor ciudadano que alentó esta reforma -que en sí y por sí misma es una mejora del país, que eleva la calidad de texto constitucional y su nivel de exigencia ética, política y jurídica, al comprometerse más intensamente con los derechos, la inclusión y el bienestar con esa parte de la diversidad social que son las personas con discapacidad- debe verse necesariamente acompañado por todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, mediante la expresión de un apoyo firme y claro.
Ante este hito social, que después de muchos avatares y dilaciones hoy es más real y próximo que nunca, desde el movimiento CERMI, en el Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, reclamamos a todos los partidos políticos, y en especial a aquellos que mostraron reticencias, que se sumen, con su respaldo, intervenido parlamentariamente para perfeccionar el texto de partida, a la primera reforma social de la Constitución Española, que viene de la mano de las personas con discapacidad y de sus familias, y que no pretende sino hacer de nuestro país un proyecto más sugestivo y decente de vida en común.